"El consenso entre el PP y el PSOE abrió la puerta para acceder a un marco competencial más amplio"

25 años de historia estatutaria

ÓSCAR F. MELERO

Sólo echando mano de la imaginación habría sido posible que, en una ajetreada mañana de primavera de 1983, los primeros responsables de la Junta de Castilla y León hubieran podido vislumbrar las cotas de autogobierno y decisión propia que la entonces incipiente Comunidad Autónoma atesoraría 25 años después. El camino iniciado entonces, jalonado de no pocas dificultades y obstáculos ha estado señalado por algunos hitos legislativos y normativos que merece la pena resaltar y que han conducido a que Castilla y León haya experimentado un salto cualitativo y cuantitativo en los terrenos social, económico y político.

Buena parte de esos avances están ligados a las tres reformas aplicadas al Estatuto de Autonomía aprobado hace ahora un cuarto de siglo. La "versión original", sentó las bases que permitieron apoyar el entramado competencial. En aquel momento, las enmiendas presentadas giraron entorno a tres grandes grupos, las relacionadas con el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma, las relativas al sistema electoral, y aquellas vinculadas a la organización territorial de Castilla y León. Aquel primer texto -algo que por cierto ha seguido igual- ni siquiera se atrevía a poner, negro sobre blanco, cuestiones como la capitalidad que el anteproyecto (artículo 3.1.) fijaba en la villa de Tordesillas (Valladolid) para las instituciones autonómicas.

Fue en 1994 cuando llegó la primera reforma del Estatuto, la que permitió conseguir la "normalización" competencial. El origen de esta reforma habría que buscarlo en los acuerdos suscritos en 1992 por el Partido Popular y el Partido Socialista y que abrieron la puerta a que las regiones de la denominada "vía lenta" -las nacidas al amparo del artículo 143 de la Constitución- pudiesen acceder a un marco competencial más amplio. Así, el 12 de marzo de 1993 la Mesa de las Cortes de Castilla y León admitía a trámite la Proposición de Reforma del Estatuto de Autonomía presentada por 66 Procuradores. Su tramitación permitió incorporar a la "cartera" de servicios gestionados por la Comunidad cuestiones tan relevantes para el conjunto de la ciudadanía como la Educación. Cabe destacar que ya hace 14 años se incluía en esa Proposición de Reforma la asunción de la Administración de Justicia, una cuestión que todavía en 2008 sigue pendiente. Esta reforma permitió a Castilla y León reforzar su autogobierno y recortar algunas diferencias con las llamadas Comunidades "de primera".

El avance sustancial conseguido en esta reforma animó a los legisladores a "ir a más" y tras las elecciones de mayo de 1995 en los cenáculos políticos ya se hablaba de los deseos por promover una nueva modificación del Estatuto que permitiera la reforma en profundidad de las reglas fundamentales del autogobierno en Castilla y León. Del proceso de enmiendas quedan algunas cuestiones que volvieron a escucharse en el Senado con motivo de la reforma más reciente y relacionadas con el enclave de Treviño o con la presencia de la enseñanza del gallego en algunas zonas de la Comunidad.

Sobre las modificaciones por las Cortes Generales, quizá la más destacada por la trascendencia posterior que ha adquirido es el rechazo, entonces, a ceder a Castilla y León la "administración y control hidráulico de la Cuenca del Duero". Quedaba así bloqueado un viejo deseo castellano y leonés que vería la luz en menos de una década. De las competencias que pasaron todos los filtros destacan las funciones desarrolladas hasta aquel momento por el INSALUD y que terminarían dando lugar al actual sistema de salud público de Castilla y León, SACYL. La reforma permitió, además, que dos instituciones ya reconocidas mediante sendas leyes de Castilla y León, recibieran el reconocimiento estatutario: el Procurador del Común -equivalente al Defensor del Pueblo- y el Consejo Económico y Social. Otros dos órganos que ya forman parte también estaban incluidos en el nuevo texto: el Consejo de Cuentas y el Consejo Consultivo. Del mismo modo, se abría la puerta al reconocimiento de la iniciativa legislativa popular y municipal que permite a ciudadanos y Ayuntamientos presentar proposiciones de ley ante el Parlamento regional.

Con la aprobación de este Estatuto, muchos coincidieron en que Castilla y León ya había alcanzado su máxima madurez política. Los hechos hicieron saltar por los aires estas afirmaciones apenas ocho años después.

En el Senado, el 21 de noviembre de 2007. La fría tarde otoñal en Madrid permanece ajena al paso decisivo que en el edificio de la Cámara Alta vive la Comunidad de Castilla y León. Su "renovado Estatuto" recibe 250 votos a favor y dos solitarias abstenciones. En menos de cuatro años, las fuerzas políticas han "cerrado filas" y en un esfuerzo de consenso que habrá de ser valorado en las próximas décadas permiten cerrar la que, según muchos, es la reforma definitiva del Estatuto de Autonomía de Castilla y León.

Uno de los leit-motivs de esta reforma señala que la Comunidad "no quiere ser más que nadie, pero tampoco menos que nadie". Con el único techo del respeto "escrupuloso" a la Constitución echa a andar casi con el comienzo de la Legislatura autonómica, en 2003, el proceso de reforma. Los cambios, en esta ocasión, fueron más profundos, alcanzando a cuestiones para algunos simbólicas pero que, suponen un reconocimiento del grado de madurez política alcanzado por el conjunto de la sociedad castellano y leonesa en este cuarto de siglo. Así, el reconocimiento de Castilla y León como Comunidad "histórica" y "cultural" o la mención, por primera vez en 25 años, a la fiesta oficial de la Comunidad, el 23 de abril. Resulta curioso, que determinadas corrientes políticas, minoritarias en el conjunto de la Comunidad, hayan hecho inviable incluir que las sedes de las instituciones aparezcan en el Estatuto.

Pero lo verdaderamente sustancial de esta reforma tiene que ver con los avances en el reconocimiento de derechos sociales que aparecen, por primera vez, recogidos en la norma institucional básica de Castilla y León. También este nuevo Estatuto incluye como novedad un título asociado a las relaciones institucionales y a la acción exterior de la Comunidad que abre la puerta a una presencia más allá de las fronteras nacionales, en consonancia con otro de los hitos históricos conseguidos por Castilla y León en estos 25 años: su salida de las regiones Objetivo 1 de la Unión Europea tras haber alcanzado los niveles de convergencia requeridos.

En cuanto a las nuevas competencias introducidas, el avance más significativo es el que consigue el traspaso en el desarrollo normativo y ejecución de las aguas de la Cuenca del Duero que tengan su nacimiento en Castilla y León y deriven a Portugal sin atravesar ninguna otra Comunidad.Esta competencia es ahora objeto de negociación entre la Junta de Castilla y León y el Gobierno central en el marco de la Comisión de Cooperación, establecida en el mismo Estatuto. Este asunto es el que ha centrado todas la atención en la reforma pero el texto vigente incluye nuevas competencias y actualiza y mejora otras ya contempladas. Así, se señala la posibilidad de establecer un Cuerpo de Policía propio, medios de comunicación públicos, incluyendo un canal de televisión, el desarrollo rural, la protección de datos personales, el comercio exterior o la protección civil.

Si en 1983, Castilla y León fue una de las últimas en constituirse como Comunidad Autónoma, la llegada del siglo XXI no la ha pillado el pie cambiado. El consenso político y lo acertado del texto planteado desde Castilla y León permitió una rápida tramitación, lo que ha hecho que ahora este territorio histórico esté, por méritos propios, en el grupo de cabeza de quienes ya han modificado sus estatutos.